Contextos Nº8
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| Miércoles,
25 de febrero de 2004 |
CONTEXTOS
Boletín
de Linguaserve |
Número
8
Año 2 |
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Editorial
La
ley de Transparencia: una magnífica oportunidad de negocio
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El INEM mejora los procesos de traducción e
interpretación de sus Servicios Centrales
El
Instituto Nacional de Empleo (INEM)
ha seleccionado a Linguaserve
para llevar a cabo la traducción
en sus Servicios Centrales de los idiomas francés, inglés,
alemán, portugués e italiano.
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Convocadas
las subvenciones para la realización de acciones de información
y promoción a favor de productos agrarios con terceros países
durante 2004
El
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado la
Orden por la que se establecen, para el ejercicio 2004, las
bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones
destinadas a la realización de acciones de información y
promoción a favor de productos agrarios en terceros países (BOE
número 42 del 17 de febrero de 2004).
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La ampliación a diez
nuevos socios dispara el gasto en traducciones a más de 800
millones de euros anuales La
próxima ampliación de la Unión Europea, con diez nuevos países,
no sólo implicará la incorporación de 75 millones de
personas, sino también nueve
lenguas diferentes a sumar a las once empleadas hasta ahora
en las instituciones comunitarias.
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Implicaciones
de la Ley de Transparencia en el sector de la traducción,
localización y gestión de contenidos multilingües
Tal
y como se ha puesto de manifiesto en distintos foros, la Ley de
Transparencia implica un nuevo estado de cosas: tener
una página web en Internet ha dejado de ser una estrategia
meramente comercial y se ha convertido en algo obligatorio para
las sociedades que coticen en el mercado bursátil.
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La
ley de Transparencia: una magnífica oportunidad de negocio
Uno
de los hechos que puede marcar el futuro de nuestro mercado durante los
próximos meses es la Ley de
Transparencia, una normativa aprobada el pasado mes de julio que
implica, entre otras cuestiones, la obligatoriedad
de que las sociedades cotizadas en Bolsa dispongan de una página web.
Tras un periodo de cierta indefinición, una
orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado a
comienzos de este año otorga a las empresas el plazo
de un mes para implantar la pertinente web. En ella se deberá
incorporar toda la información relevante sobre la estructura de la
propiedad de la empresa y de su administración con una doble finalidad:
que los accionistas puedan ejercer su derecho a la información y que la
empresa difunda información relevante.
Desde luego, no será poco el trabajo que
muchas sociedades deban acometer. Según los datos de un estudio
realizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las 332
sociedades cotizadas analizadas el 35 por ciento no tenía web en la que
informar a los inversores sobre la marcha de la sociedad (de hecho
muchas de ellas ni siquiera tenían una página en Internet con
contenidos exclusivamente comerciales). Por si esto fuera poco, once de
estas sociedades sin web cotizan en el mercado continuo.
Dado el carácter
transnacional de las operaciones bursátiles que son llevadas a cabo
por estas compañías, las oportunidades de negocio que se brindan a las
empresas de nuestro sector resultan verdaderamente prometedoras.
Disponer del know-how necesario para realizar estos procesos de forma rápida
y eficaz será la clave para poder afrontar con éxito estos nuevos
retos del mercado.
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El INEM mejora los procesos de traducción e
interpretación de sus Servicios Centrales
El
Instituto Nacional de Empleo (INEM)
ha seleccionado a Linguaserve
para llevar a cabo la traducción
en sus Servicios Centrales de los idiomas francés, inglés, alemán,
portugués e italiano (y excepcionalmente otros idiomas), tanto en
modalidad de traducción directa (otro idioma-castellano) como inversa
(castellano-otro idioma). El proyecto incluye un servicio de
interpretación consecutivo. El volumen aproximado de palabras será de 400.000
al año.
Linguaserve
llevará a cabo las siguientes acciones:
· Gestión
y control de todo el proyecto de traducción y servicios de interpretación,
clasificando materiales para su tratamiento formal y traducción,
aplicando guías de estilo que aseguren la calidad y homogeneidad,
creando y aplicando glosarios que aseguren la coherencia y utilizando
para ello un sistema de traducción asistida por ordenador cuando sea
posible.
· Coordinación
y distribución de los trabajos. Entrega de los trabajos en tiempo y
modo.
·
Desarrollo
y parametrización de los útiles y filtros de exportación e importación
necesarios y uso de automatismos existentes.
· Creación
o mantenimiento de guías de estilo y mantenimiento de glosarios.
· Control
de calidad.
· Traducción
de los contenidos de acuerdo con las guías de estilo y los glosarios
multilingües.
·
Desplazamiento
de los intérpretes requeridos por el INEM.
Utilización de la herramienta de traducción
asistida seleccionada para el proyecto, alimentando y utilizando la
memoria de traducción y los glosarios.
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Convocadas las
subvenciones para la realización de acciones de información y promoción
a favor de productos agrarios con terceros países durante 2004
El
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado la Orden por
la que se establecen, para el ejercicio 2004, las bases reguladoras y la
convocatoria de las subvenciones destinadas a la realización de acciones
de información y promoción a favor de productos agrarios en terceros países
(BOE número 42 del 17 de febrero
de
2004).
Pueden
beneficiarse de estas ayudas las organizaciones profesionales o
interprofesionales que hayan presentado un programa de acciones de estas
características. El importe de la financiación a cargo del Ministerio
será del 20 por ciento del coste de las acciones previstas, seleccionadas
e indicadas, estableciéndose un tope máximo de 650.000 euros.
Los procesos de traducción, localización y gestión de contenidos son
susceptibles de ser incluidos en este programa de ayudas, siempre que cuenten con los pertinentes
certificados de aprobación.
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La ampliación a diez
nuevos socios dispara el gasto en traducciones a más de 800 millones de
euros anuales
La próxima ampliación de la Unión Europea,
con diez nuevos países, no sólo implicará la incorporación de 75
millones de personas, sino también nueve
lenguas diferentes a sumar a las once empleadas hasta ahora en las
instituciones comunitarias.
Como dato significativo, las veinte lenguas
oficiales pueden llegar a producir hasta 380 combinaciones de interpretación.
Se estima que para el conjunto de las instituciones de la UE (Comisión,
Parlamento, Tribunal de Justicia y demás entidades) el gasto pasará de
550 a 808 millones de euros anuales
sólo en traducción de textos.
Según una fuente vinculada a los servicios
de traducción comunitarios, de los
450 millones de personas de la Unión Europea ampliada hay 200 millones
que únicamente entienden su lengua. Un caso especial es el del maltés,
un idioma que sólo hablan los 400.000 habitantes de esta minúscula isla
y que está ocasionando a los responsables de los servicios lingüísticos
notables quebraderos de cabeza ante la inexistencia de profesionales
cualificados. También las lenguas bálticas y el esloveno están
provocando más de un problema.
Sólo en papel, los 1,5 millones de páginas
que se traducen cada año pasarán a ser 2,4 millones tras la ampliación
a 24 países. Como ejemplo relevante, todos
los documentos legislativos (incluidas las 85.000 páginas de acervo
comunitario) deberán traducirse a los 20 idiomas.
Pese a ello, en el día
a día el inglés se ha impuesto de forma aplastante como lengua de
trabajo y comunicación. El punto de inflexión en detrimento del francés
se produjo con la ampliación de 1995 (Austria, Finlandia y Suecia) para
consolidarse en 1999 de la mano de la Comisión presidida por Romano Prodi.
En las pruebas de selección de personal realizadas hasta ahora, el 70 por
ciento de los aspirantes de los nuevos países optó por el inglés como
lengua de examen. El alemán también superó al francés en estos países
del centro y del este de Europa.
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Implicaciones
de la Ley de Transparencia en el sector de la traducción, localización y
gestión de contenidos multilingües
Tal
y como se ha puesto de manifiesto en distintos foros, la Ley de
Transparencia implica un nuevo estado de cosas: tener
una página web en Internet ha dejado de ser una estrategia meramente
comercial y se ha convertido en algo obligatorio para las sociedades que
coticen en el mercado bursátil. Una Orden Ministerial ha puesto plazo
a esta situación por lo que las posibilidades que se abren para la
traducción, localización y gestión de contenidos multilingües son de
una enorme relevancia.
Con
independencia de otras consideraciones, lo cierto es que el esfuerzo de
adaptación a esta nueva realidad va a ser particularmente intenso para
muchas sociedades (algunas de las cuales incluso cotizan en el mercado
continuo) que, hasta el momento, carecían de web.
En
realidad no sólo se trata de que disponer de una página web sea
considerado como un instrumento imprescindible para la transparencia de
las sociedades cotizadas sino que, además, los administradores de las
sociedades cotizadas tienen, a partir de ahora, una nueva responsabilidad:
garantizar que la información que se publique en la página web de la
compañía coincida plenamente con la que se haya facilitado a los
registros oficiales, como el registro mercantil o la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV). De hecho, esta última entidad tiene ahora
la responsabilidad, conferida por el Gobierno, de establecer el contenido
del informe de buen gobierno y de refundir las recomendaciones del Código
Olivencia y del Informe Aldama en un solo texto, que podrán adoptar las
empresas.
La
nueva normativa pone de relieve que para
garantizar la transparencia de las sociedades cotizadas sus webs deberán
incluir una serie de contenidos mínimos, entre los que destacan los
estatutos sociales, el reglamento de la junta general, el del consejo de
administración y los reglamentos de sus diferentes comisiones, las
recomendaciones o principios de buen gobierno aceptados por la sociedad,
los informes anuales de gobierno corporativo, los documentos relativos a
las juntas generales ordinarias y extraordinarias y las actas de las
juntas generales.
Además,
las empresas deben informar en la web de los canales de comunicación
entre la sociedad y los accionistas y, en particular, las explicaciones
para el ejercicio del derecho de información del accionista, las
preguntas formuladas por los inversores y las respuestas ofrecidas por la
sociedad, los formularios para conferir la representación en la junta
general, los formularios para el ejercicio del voto a distancia y también
los hechos relevantes que se comuniquen a la CNMV.
Las
sociedades cotizadas tendrán que publicar ya este año el informe anual
de gobierno corporativo, coincidiendo con la celebración de la junta
general de accionistas. El Gobierno ha habilitado a la CNMV para que
detalle el contenido del informe.
Entre
los aspectos que han de incluirse
en la página web y que son especialmente susceptibles de traducción y
localización figuran los siguientes:
- Identidad
de los accionistas:
habrá de hacerse referencia a la estructura de la propiedad de la
sociedad, especificando la identidad de los accionistas que cuenten
con participaciones significativas, directas o indirectas.
- Consejo
de administración:
se deberá reflejar su composición, reglas de organización y de
funcionamiento. También se deberá informar sobre los procedimientos
de selección, reelección y remoción de consejeros, así como
aclarar si éstos se sientan en el consejo en calidad de ejecutivos,
dominicales o independientes.
- Remuneración
de los consejeros:
las sociedades cotizadas sólo deberán informar de la remuneración
global del consejo de administración. Se entenderán como remuneración
los sueldos, dietas y cualquier otra que esté relacionada con
pensiones o pagos de primas de seguros de vida.
- Operaciones
significativas:
las empresas cotizadas deberán indicar en el informe anual las
operaciones vinculadas y las de intragrupo, que se deberán desglosar.
Por
si todo esto fuera poco para nuestro sector, el
Gobierno de la Nación también prepara una futura Orden Ministerial que
obligará a las Cajas de Ahorros que demanden fondos públicos a disponer
de una página web en la que publique, entre otras cosas, un informe
anual de buen gobierno. Las Cajas tendrán las mismas obligaciones que las
sociedades cotizadas en cuanto al contenido del informe anual y también
deberán informar sobre las operaciones significativas del grupo
realizadas fuera de las condiciones ordinarias del mercado con miembros
del consejo de administración, la comisión de control y retribuciones.
En definitiva, la
entrada en vigor de la Ley de Transparencia supone un paso hacia delante
en la utilización de Internet como herramienta de transparencia
empresarial. A mi juicio, contar con un respaldo profesional y tecnológico
resultará determinante a la hora de poder aprovechar esta oportunidad de
negocio que se presenta a las empresas que desarrollan su actividad dentro
del sector de la traducción, localización y gestión de contenidos
multilingües.
Pedro
Díez Orzas
Director General de Linguaserve
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